La mafia bancaria llega al Tribunal Supremo

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mafia en el TJS

La mafia bancaria llega al Tribunal Supremo: Por dos votos decide que los clientes deben pagar los gastos de las hipotecas.

Después de dos días de deliberación han decidió con 13 votos en contra y 15 a favor, que los clientes paguen los gastos de la hipoteca, poniendo en serias dudas que en España la justicia sea para los ciudadanos. Se contradice así mismo el tribunal, tras haber llegado a la decisión opuesta hace tan sólo tres semanas.

 

El Tribunal Superior de Justicia ya había dictado sentencia hace tres semanas a favor de que fueran los bancos quien pagaran el impuesto de actos jurídicos documentados. Tras convocar un nuevo pleno, se esperaba que ratificaran la sentencia anterior en defensa de los ciudadanos, en la que además se pedía una retroactividad de cuatro años. Cinco de los magistrados se habían amparado en la doctrina de quien se beneficia, es quien debe pagar los gastos, ya que es únicamente al banco a quien le beneficia documentar jurídicamente la hipoteca, no al consumidor.

 

El tribunal debía fallar si estimaba o no los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que sentenciaron a favor de la banca.

Luís Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha cambiado su postura inclinando la balanza a favor de las entidades bancarias con su voto, precisamente tras convocar un pleno extraordinario.

 

Hay que resaltar los vínculos directos que unen a Díez-Picazo con la banca, a través del despacho de abogados de la familia. El bufete fundado por el padre de Díez-Picazo y dirigido en la actualidad por su hermano, presentó un recurso de casación en la Audiencia Provincial de Córdoba contra la sentencia que declaraba la nulidad de las cláusulas suelo. El bufete ha aumentado sus ingresos en 2017, gracias a sus clientes de la banca.

El 9 de mayo de 2013 se declaró en España la nulidad de las claúsulas suelo en las hipotecas y el carácter abusivo por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Mediante nueva sentencia de 17 de abril de 2015 se limitó la devolución de las cantidades ilegalmente cobradas por los bancos. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó, en sentencia inapelable de 21 de diciembre de 2016, en contra de la limitación de la retroactividad de la nulidad de la cláusulas suelos por lo que los bancos y cajas de ahorro están obligados a devolver todo el dinero cobrado ilegalmente por las cláusulas suelo desde la firma de la hipoteca inmobiliaria para la adquisición de vivienda.

Curiosamente las acciones de los bancos del Ibex-35 han subido en la bolsa hoy mismo. La mafia bancaria necesitaba a toda costa conseguir una sentencia a su favor.

 

Les toca ahora a los ciudadanos tomar una decisión sobre los jueces, funcionarios públicos, que viviendo de un excesivo salario pagado con el trabajo de los ciudadanos, hacen lo posible para perjudicarlos. Una nueva muestra de la corrupción instaurada en la justicia española y de en que foco debe fijarse la atención de la ciudadanía, para iniciar los cambios más necesarios en el estado español.

 

 

La mafia bancaria ha dejado la pelota en el campo del Gobierno que es la única institución que puede hacer algo para defender a los ciudadanos. La primera medida es instar la dimisión de Díez-Picazo que ha recurrido a un procedimiento anómalo para favorecer a la banca. La segunda, anular el impuesto de actos jurídicos documentados, que no sería retroactiva, por lo que los seis millones de ciudadanos hipotecados en los últimos cuatro años no podrían recuperar lo que ya pagaron injustamente. Esto supondría legislar en contra de la banca, lo cual es difícil que se produzca por parte del gobierno de Sánchez, al que le unen fuertes vínculos con las más importantes entidades bancarias.

La última oportunidad para reclamar justicia ante la mafia bancaria, será pedir de nuevo amparo al alto tribunal europeo. Algo absolutamente indignante para los españoles, teniendo que recurrir a la justicia europea para que nos defienda de los jueces españoles, a los que les pagamos el sueldo para defendernos.

 

 

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